Muchos empleadores y sus abogados creen que la Junta Nacional de Relaciones Laborales (la “National Labor Relations Board” o “NLRB”) se ha vuelto totalmente loca. Esta manera de pensar se vio reforzada de nuevo con la decisión Remington Lodge Hospitality del 18 de junio de 2015 de esa Junta.
En una decisión de 2 a 1, la NLRB falló que el hotel Sheraton Anchorage tenía una práctica laboral injusta al mantener (sin poder poner en vigor) su política sobre conflictos de intereses en el manual para el empleado. El hotel había disciplinado a los empleados que estaban boicoteando al hotel y que habían entrado a este a presentar una petición. El hotel disciplinó a nueve empleados por hacer amenazas e intimidar al gerente general del hotel cuando le entregaron la petición de boicot. Una de las políticas del hotel que se citó como una razón para la acción disciplinaria fue la política sobre conflictos de intereses. La NLRB no solo falló que la acción disciplinaria, basada en parte en la política, era ilegal, sino que la políticas sobre conflictos de intereses en sí era ilegal.
La mayoría falló que cuando se lee junto con las demás políticas, que son demasiado amplias, los empleados del hotel podían interpretar que la política sobre conflictos de intereses le prohibía llevar a cabo lo que el hotel podría considerar fuera “dañino a su imagen o reputación o que presentara un ‘conflicto’ con sus interéses, tales como piqueteos informativos, huelgas u otros tipos de presión económica”.
El miembro de Junta que disintió recalcó que las políticas sobre conflictos de intereses por lo general se instituyen para impedir que los empleados compitan contra el hotel, explotando información de la empresa para ganancia personal o mediante intereses fiduciarios que fuera contrarios a los del hotel. De por sí, los empleados no podían haber llegado a la conclusión razonable de que política les prohibía sus derechos a piquetear, etc. La posición mayoritaria de la NLRB, sin embargo, fue que los empleados podían entender razonablemente que el ámbito de una política general sobre conflictos de intereses se podía interpretar como que también prohibía los esfuerzos de los empleados por formar sindicatos o mejorar sus términos y condiciones de trabajo. Por lo tanto, de la manera que estaba escrita la política, esta era ilegal. Vaya usted a pensar.
Con cada nueva decisión, la NLRB ha ido derogando políticas que los empleadores creen son razonables para mantener orden en el centro de trabajo. Sin embargo, la posición de la Junta es que la políticas que tal vez puedan disminuir o restringir el ejercicio de los derechos que concede la ley a los empleados para formar sindicatos o para cambiar los términos y condiciones de su situación laboral son ilegales.
