La semana pasada, los Fiscales Generales  de cada estado y territorio de los EE.UU. anunciaron su respaldo a ponerle fin al arbitraje obligatorio de las reclamaciones por acoso sexual,  escribiéndole al Congreso que “los requisitos de secreto impuestos a las cláusulas de arbitraje” que se aplican a estos casos “van en contra del interés público… [al crear] una cultura de silencio que protege a los perpetradores a costa de sus víctimas”, y que éstas “tienen el derecho a hacerse oír ante los tribunales.”

Los Fiscales Generales se referían a la legislación bipartidaria que actualmente la Cámara de Representantes y el Senado están considerando, titulada la “Ley para poner fin al arbitraje forzoso del acoso sexual”. Observación: Las versiones actuales de los proyectos de ley acompañantes intentan modificar la Ley Federal de Arbitraje (“FAA” por “Federal Arbitration Act”) con el fin de prohibir el arbitraje de todas las reclamaciones por discriminación, no solo las basadas en el acoso sexual.

La legislación propuesta no toma en consideración lo que ocurre si el empleado o empleada entabla una reclamación por acoso sexual y simultáneamente presenta otros tipos de reclamaciones laborales (por ejemplo: ¿esa persona tendrá que presentar la reclamación por acoso ante los tribunales pero tendrá que proceder a arbitraje con las otras reclamaciones?). Los proyectos de ley están pendientes en estos momentos en diferentes comisiones de la Cámara de Representaciones y del Senado, que tendrán que aprobarlos antes de que la Cámara y el Senado, reunidos en pleno, puedan considerar este asunto. Ese proceso podría durar meses o aun más, ya que el Congreso no tiene fijado un cronograma para tomar acción.

Por lo menos una gran empresa empleadora se ha adelantado a la legislación federal y tomado acción por su cuenta. En diciembre del 2017, Microsoft Corporation anunció que le iba a poner fin al arbitraje obligatorio de las reclamaciones por acoso sexual y que las demás reclamaciones laborales iban a permanecer sujetas a arbitraje. Los Fiscales Generales felicitaron a Microsoft por su decisión. Dado el impulso que ha cobrado el movimiento “A mí también”, es posible que otras empresas empleadoras sigan el ejemplo de Microsoft.

Este desarrollo le va pisando los talones a la legislación de reforma tributaria que se promulgó en diciembre del 2017, que hizo que estas compañías no puedan deducir de sus impuestos los pagos confidenciales hechos para transar casos de acoso o de abuso sexual, incluyendo los honorarios de abogados. Lean más detalles en el blog de mi colega Andrew McLaughlin.