¿Su organización es una “acomodación pública” según la definición del Título III de la Ley de estadounidenses con discapacidades (“ADA”)? ¿Su organización tiene un sitio en la Internet? De ser así… ¿el sitio se puede navegar con un teclado (en lugar de un ratón) y con un programa lector de pantalla? ¿El contenido audíble del sitio tiene subtítulos?
En estos momentos usted ya está pensando “¿Y qué tiene que ver todo esto con el derecho laboral o con recursos humanos?” Como profesional de recursos humanos, en su organización usted es el perito en cuestiones de la “ADA”, la Ley de estadounidenses con discapacidades. Este artículo le va a servir de ayuda para mostrar a los demás su pericia y ser un socio de la gerencia mayor en la identificación y prevención de riesgos potenciales que afecten a la organización. Traducción: usted vendrá a ser un héroe.
A principios de junio del 2017, un tribunal federal en Miami, Florida, celebró el primer juicio del país sobre el asunto de la accesibilidad a sitios cibernéticos de acuerdo con la Ley “ADA”. El demandante, Juan Carlos Gil, quien es legalmente ciego y padece de parálisis cerebral, adujo que no podía usar el sitio de Winn-Dixie con su programa lector de pantalla (el “lector de pantalla” es un programa de computadora que le lee en alta voz la información que aparece en un sitio al usuario, que navega a través de este con un teclado.) Gil declaró específicamente que él quería poder utilizar el ubicador de tiendas, los cupones para tiendas y las funciones de farmacia que tiene el sitio.
El 12 de junio de 2017, el juez Robert Scola pronunció su decisión, fallando que Winn-Dixie había infringido la Ley de estadounidenses con discapacidades, y emitió una orden de tres años que le exigía a Winn-Dixie modificar su sitio. El juez también le otorgó a Gil la compensación de costas y honorarios de abogados (el Título III de esta ley no dispone que se dé indemnización monetaria al demandante). En su orden, el juez Scola sostuvo que el sitio de Winn Dixie estaba “sumamente integrado con las ubicaciones de [sus] tiendas y que funciona como una puerta de entrada a las ubicaciones físicas de estas” y que los “servicios que se ofrecen en [su] sitio, tales como el sistema de gestión de farmacia en línea, la capacidad de tener acceso a cupones digitales que se vinculan directamente con la tarjeta de recompensas del clientes y la capacidad de encontrar las ubicaciones de las tiendas … son especialmente importantes para personas minusvidentes.”
De manera notable, el fallo del juez Scola adoptó las Pautas de accesibilidad al contenido cibernético (“WCAG” por “Web Content Accessibility Guidelines”) 2.0 como la norma a seguir por Winn-Dixie para modificar su sitio. Las WCAG 2.0 (adoptadas en el 2008) son una serie de pautas técnicas para que desarrolladores de sitios cibernéticos y su personal afín creen sitios accesibles a personas con discapacidades, entre las que se encuentran individuos con impedimentos cognitivos y personas que son ciegas o minusvidentes y sordas o semisordas. Las WCAG 2.0 fueron creadas por W3C, un grupo privado de trabajo (cuyos patrocinadores y participantes incluyen la IBM, HP, Adobe, Google y Microsoft), no por una agencia gubernamental. Aunque no es una regulación formal del gobierno, las WCAG 2.0 constituyen la norma que se han adoptado los sitios cibernéticos del Gobierno de los Estados Unidos (en vigor a partir del 18 de enero de 2018) y que ha usado el Departamento de Justicia del país en sus decretos de consentimiento con negocios particulares relacionados con la accesibilidad a estos sitios.
¿Por qué todo esto importa? En primer lugar, si el sitio de su organización no es accesible a usuarios discapacitados, algunos posibles clientes no lo van a poder usar. Esto se traduce en pérdida de ventas y de oportunidades de negocios. En segundo lugar, el Sur de la Florida es un terreno fértil para litigios basados en la Ley “ADA”, y las reclamaciones por accesibilidad a sitios cibernéticos van en aumento. De hecho, a partir del otoño del 2016, el bufete Scott R. Dinin, P.A., de aquí mismo en Miami, entabló aproximadamente el 40 por ciento de las demandas judiciales por accesibilidad en el país.
Así que… ¿qué va a hacer usted con la información en este artículo? Lléveselo a la alta gerencia y entonces empiece a ver si su sistema de solicitudes en línea es accesible.
